Los supuestos cambios que pudieran propiciar los próximos comicios, provocan incertidumbres en la población y más en determinados sectores económicos cuyos intereses particulares, logrados mediante leyes aprobadas por sus representantes durante esta legislatura (turística, del suelo, agrícola?), pudieran verse alterados, por lo que vienen reclamando conocer si serán o no respetados. Se intuye que si el statu quo logrado fuera alterado "frente a la estabilidad que aporta el partido que gobierna", las consecuencias pudieran ser graves. Nada nuevo, de igual modo que nada nuevo serían las campañas de "inseguridad jurídica" que ello propiciaría, cuando en realidad ésta inseguridad ya ha sido iniciada con la aprobación de las citadas leyes, que debiendo proteger el bien común, "cargan" de forma evidente en beneficio de determinados intereses más bien particulares.

Este colectivo ya ha opinado respecto a lo que dichas leyes suponen. Hoy nos referiremos a dos cuestiones de las cuales se está pidiendo el pronunciamiento de determinados partidos a los que, de momento, se les considera garantes de respetar lo que hasta la fecha los sectores aludidos han logrado. Son cuestiones trascendentales porque ambas nos afectan muy directamente, social y económicamente, pues no en vano se han llevado adelante con dinero de todos los ciudadanos. La primera es la del palacio de congresos/hotel. La segunda se refiere al suelo para uso de viviendas plurifamiliares.

Por lo que dice la prensa del primer caso, llama la atención que de los posibles empresarios mallorquines que pudieran optar a la concesión, alguno fue ya beneficiario de la misma, en tanto que otros fueron tocados con el objeto de ver si podían salvar la operación. Ni a unos ni a otros parece que les salían los números. El final de la historia, (como no podía ser de otra manera), ha consistido en dejar pudrir el tema y así ante su inviabilidad financiera, que "alguien" acabe consintiendo una adjudicación de rebajas y encima con tratamiento de salvadores de la patria.

En el segundo caso, en el que la Asociación de Promotores habla de los suelos urbanizables que supuestamente son necesarios para cubrir las demandas de vivienda en los próximos años (sería necesario contrastar los datos tal y como los comentan), es evidente y de todos conocida la situación de los suelos de la periferia de la ciudad en manos de las entidades de crédito que, en su momento y mediante sociedades participadas no suficientemente aclaradas públicamente, dejaron un "cementerio" de oportunidades que es posible que hoy estén cayendo en manos de especuladores, tal como denuncia la referida patronal.

Permítasenos aportar una sucinta reflexión en ambos debates, en los que existe un claro y manifiesto interés general. Creemos que los responsables de la administración deben velar para que el bien común no se vea ninguneado frente al interés particular, sea éste de unos o de otros. Cualquiera se apuntará a la defensa de tal principio. La cuestión está en cómo se acomete su solución. Ahí es donde creemos que dichos responsables deberían explicar sus propuestas con claridad. Seguramente la forma de acometer la solución diferenciaría a unos de otros y los ciudadanos sabrían a qué atenerse en el momento de elegir.

En el primer caso quizá debería tenerse muy en cuenta quiénes abandonaron el barco dejando que se pudriera y provocando unos antecedentes que quizás han creado un quebranto a los intereses ciudadanos. Pero sobre todo habrá que ver los beneficios y las contraprestaciones que la colectividad obtendría del concurso. El dinero de los ciudadanos debe recuperarse y no vale decir que así ocurrirá con la afluencia de visitantes, puestos de trabajo, etc. Eso no sería suficiente y menos fiado a estudios que bien merecerían ser escrupulosamente analizados. El dinero ha de retornar a la caja pública y no solo a unos pocos beneficiarios.

En el segundo de los casos y en el supuesto de que fuera necesario clasificar suelos con el objeto de cubrir una supuesta y potencial demanda de viviendas, la decisión más adecuada sería la de clasificar los terrenos con los que los ciudadanos pudieran obtener mejores contraprestaciones. Si así no fuera el interés general debería de imponerse sobre el particular de los propietarios de esos suelos; aunque sin llegar a ese punto caben otras posibilidades.

A modo de conclusión, pensamos que los técnicos y políticos que hubieran de informar y tomar decisiones sobre estos u otros temas similares, deberían tener en cuenta que tratan cuestiones que afectan al bien común. Por ello si el resultado acabara perjudicando al mismo, deberían pechar con la vergüenza que ello conlleve, teniendo muy en cuenta que serían sinverguenzas, no solo los particulares que se beneficiaran de su decisión sino ellos mismos por consentirla, de igual manera que debe castigarse tanto al que "presiona y busca influencias" como al que se deja presionar e influenciar.

Grup d'opinió d'arquitectes