El urbanismo, entendido habitualmente como el conjunto de disciplinas y técnicas que se emplean para planificar y ordenar los territorios, tiene su razón de ser cuando persigue con ello la mayor calidad de vida, en todas sus vertientes, para la población que allí se asienta. Calidad de vida que optimice las relaciones entre sus habitantes y entre éstos y el medio en el que se ubican, dotándose de las infraestructuras, equipamientos y servicios necesarios, pero al mismo tiempo que también garantice la necesaria preservación de su hábitat, tanto el natural como el urbanizado.

En el siglo XXI ya no se entiende el urbanismo si no está basado en el principio de la sostenibilidad, esto es, en el resultado del necesario equilibrio entre los distintos factores sociales, económicos y medioambientales que en todo medio habitado se producen. El urbanismo resulta por tanto una disciplina básica y transversal para la definición, presente y futura, de todo territorio.

Pues bien, el urbanismo entendido así, tiene en nuestra comunidad balear los días contados. La esperanza depositada en dotarnos de una ley urbanística propia que contribuyera a encauzar tales aspectos en la singularidad de nuestras islas, ha sido una constante en estos últimos veinte años.

Pues bien, el urbanismo entendido así, tiene en nuestra comunidad balear los días contados. La esperanza depositada en dotarnos de una ley urbanística propia que contribuyera a encauzar tales aspectos en la singularidad de nuestras islas, ha sido una constante en estos últimos veinte años.

Pero la ley ya nace herida de muerte, no solo por parte de su contenido, cuando convierte la legalidad urbanística en una mera transacción económica permitiendo la legitimación de las edificaciones rústicas ilegales por medio del pago de una multa, sino fundamentalmente por las actuaciones sectoriales externas que la van vaciando de su razón de ser. Las presiones de los distintos centros de poder, económicos como no podía ser otra manera, están minando su efectividad y lo que es peor, al urbanismo por su condición de materia transversal, al lograr que los aspectos sectoriales se sobrepongan a los generales.

Pero la ley ya nace herida de muerte, no solo por parte de su contenido, cuando convierte la legalidad urbanística en una mera transacción económica permitiendo la legitimación de las edificaciones rústicas ilegales por medio del pago de una multa, sino fundamentalmente por las actuaciones sectoriales externas que la van vaciando de su razón de ser. Las presiones de los distintos centros de poder, económicos como no podía ser otra manera, están minando su efectividad y lo que es peor, al urbanismo por su condición de materia transversal, al lograr que los aspectos sectoriales se sobrepongan a los generales.

Pero no es eso lo más relevante, sino que esas actuaciones edificatorias, contrarias en muchos casos a la ordenación urbanística, deben ser incorporadas por las corporaciones municipales al planeamiento sin más, en una clara manifestación de que lo turístico, sectorial y particular, pasa por encima del interés general manifestado en el planeamiento urbanístico. Ahora ha sido el turno de otro sector económico importante, el de los propietarios de suelo, y no tanto el de los agricultores, que ha conseguido que le aprobaran una ley agraria, "profundizando" en lo indicado en la ley de ordenación y uso del suelo, en la misma línea de hacer prevalecer los intereses particulares y sectoriales por encima de cualquier planeamiento urbanístico.

Más aún, en el intervalo entra ambas leyes, el pasado mes de octubre, se aprobó otra ley sectorial, la de ordenación minera, que permite la legalización de unas industrias asentadas irregularmente en el suelo rústico, como son las tejeras, sin mayores consideraciones. Parece, pues que, una vez descubierto el filón de que a través de legislaciones sectoriales se pueda subvertir el ordenamiento urbanístico, se retomen otra leyes como las de los campos de golf, las de los puertos deportivos, etc., y otras de nuevo cuño correspondientes a otros sectores, para acabar definitivamente con el urbanismo como materia global y transversal que ordena el territorio en el que habitamos.

Más aún, en el intervalo entra ambas leyes, el pasado mes de octubre, se aprobó otra ley sectorial, la de ordenación minera, que permite la legalización de unas industrias asentadas irregularmente en el suelo rústico, como son las tejeras, sin mayores consideraciones. Parece, pues que, una vez descubierto el filón de que a través de legislaciones sectoriales se pueda subvertir el ordenamiento urbanístico, se retomen otra leyes como las de los campos de golf, las de los puertos deportivos, etc., y otras de nuevo cuño correspondientes a otros sectores, para acabar definitivamente con el urbanismo como materia global y transversal que ordena el territorio en el que habitamos.

Grup d'opinió d'arquitectes