Tras anular el 26 de marzo la protección sobre la urbanización de Can Pep Simó, proyectada por el arquitecto, Joan Marí Tur anuncia ahora que el expediente volverá a ponerse en marcha

El Consell de Eivissa i Formentera rectifica. El pasado 26 de septiembre anuló la protección de las casas de de la urbanización de Can Pep Simó proyectadas por Josep Lluís Sert. Ayer, tras las protestas del Colegio de Arquitectos de Balears, el conseller de Patrimonio y presidente de la comisión, Joan Marí Tur, anunció que el expediente volverá a incoarse.

Los arquitectos denunciaron que el 26 de marzo la comisión insular de Patrimonio Histórico y Artístico del Consell de Eivissa y Formentera acordó declarar la caducidad del expediente de Bien de Interés Cultural (BIC) de las casas proyectadas por el arquitecto Josep Lluís Sert en la urbanización de Can Pep Simó, en Santa Eulàlia des Riu, así como el de la Casa Schmela, en el mismo municipio, diseñada por el arquitecto Erwin Broner.

Esta caducidad suponía la desaparición de las medidas cautelares de protección que, hasta que no se produjera la declaración de BIC, salvaguardaban estas edificaciones de su derrumbre y de la ejecución de obras que supusieran la pérdida de sus valores arquitectónicos característicos. Asimismo, suponían la imposibilidad de incoar nuevamente el expediente de BIC hasta trascurridos tres años.

En este caso, además, se da la circunstancia de que fueron el mismo partido y las mismas personas quienes decidieron impulsar el expediente de protección en 1999 y declarar su caducidad el 26 de marzo, para ahora volver a rectificar. La comisión de Patrimonio acordó el 7 de enero de 1999, cuando su presidente era el actual conseller del área, Joan Marí Tur, del PP, iniciar el expediente de declaración de la urbanización de Can Pep Simó como Bien de Interés Cultural. El PP no llegó a culminar este expediente mediante su aprobación en pleno, pero sí lo hizo el Pacto de Progreso. La solicitud de incoar el expediente fue formulada por la junta de gobierno del Colegio de Arquitectos el 25 de septiembre de 1998. Al acuerdo se adhirieron entidades públicas y privadas como el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, las juntas de los colegios de Aragón, La Rioja, Bilbao, Asturias, Andalucía y León, las escuelas superiores de Arquitectura de Granada, Valencia, Valladolid, Navarra, Las Palmas, así como la Fundació Miró o El Forum Unesco.

La caducidad fue duramente criticada por los arquitectos, que dieron un mes de plazo al presidente del Consell, Pere Palau, para que recupere la protección suprimida o de lo contrario anunciaron que llevarían el caso ante los tribunales.